El estudio de los modelos de regulación que estructuran la forma de organizar la provisión educativa es una de las dimensiones más relevantes del análisis comparativo internacional en educación. Estos modelos incluyen las decisiones sobre quién provee la educación (instituciones públicas o privadas), cómo se ajustan la oferta y la demanda escolar (planificada o vía competencia), el grado en que las familias pueden ejercer la elección de escuela, y si el financiamiento escolar es público o privado, entre otros aspectos.
Un artículo del investigador del CIAE de la U. de Chile, Cristian Bellei, y del académico de la Facultad de Educación de la UDP, Gonzalo Muñoz, analiza cuáles han sido los modelos de regulación que ha aplicado Chile desde los 80, sus consecuencias y los desafíos futuros para el Estado.
El artículo, publicado en Journal of Educational Change (volume 22, issue 3) bajo el título: “Models of regulation, education policies and changes in the education system. A long-term analysis of the Chilean case”, señala que Chile implementó una combinación de modelos, con dos paradigmas principales, el de reformas de mercado y el de estado evaluador, que tuvo modestos efectos positivos y relevantes consecuencias indeseables sobre el sistema educacional.
La literatura especializada ha definido tres modelos de regulación predominantes en educación: el tradicional burocrático-profesional, el de cuasi-mercado inspirado en el pensamiento neoliberal y el estado evaluador vinculado a la noción de nueva gestión pública. En el caso de Chile, al igual que el de otros países, se ha ido adoptando una combinación de modelos, lo que genera políticas incoherentes, según la literatura. Por ejemplo, mientras el modelo de cuasi-mercado promueve la autonomía en la gestión escolar y la diversificación de la oferta educativa, el de estado evaluador expandió el control estatal sobre las escuelas y produjo una mayor centralización y estandarización de los procesos educativos (Grimaldi & Serpieri, 2014; Rivas & Sánchez, 2020). De hecho, según Hudson (2011), el estado evaluador ha terminado siendo más "controlador" que el estado docente tradicional, que se ha descrito como un modelo profesional burocrático basado en la jerarquía y reglas universales.
En el caso de Chile, señalan Bellei y Muñoz, de una “situación histórica caracterizada por el Estado docente como principal proveedor de educación y el sector privado como cooperador, se pasó en 1980 a un sistema regido por la dinámica del mercado, altamente privatizado y con la educación pública en crisis”. Así, a partir de 1990, el mercado se complementó con políticas compensatorias y de mejoramiento escolar implementadas por el Estado. Este esquema se agotó a mediados de la década del 2000 y fue reemplazado por uno en el que el Estado cumplía un rol "evaluador y asegurador de la calidad" para orientar al mercado hacia una mayor eficacia medida por pruebas estandarizadas. Finalmente, desde 2014, a raíz de las movilizaciones estudiantiles, una nueva ola de políticas ha buscado reposicionar al Estado como proveedor de educación, a través de la creación de una nueva institucionalidad responsable de la educación pública (los Servicios Locales de Educación), pero controlando y manteniendo algunas dinámicas del mercado (como el voucher universal y la elección escolar sin restricciones), al mismo tiempo que mantiene la rendición de cuentas basada en pruebas estandarizadas con altas consecuencias.
“En conjunto, este escenario refuerza la noción de un diseño institucional híbrido y, en varios sentidos, contradictorio, especialmente para la educación pública que es tratada simultáneamente como un servicio controlado por el Estado y un proveedor de mercado”, señalan los autores.
A largo plazo, el resultado de esta combinación de paradigmas ha sido modestos efectos positivos al tiempo que han producido relevantes consecuencias indeseables. Entre los efectos positivos, están el haber consolidado un sistema educativo accesible a todos y capaz de dotar a la mayoría de los estudiantes de aprendizajes fundamentales. Entre las consecuencias indeseables, la de no haber sido capaz de desencadenar procesos de mejora sostenidos y a gran escala para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales e intrapersonales más complejas.
Frente a este escenario, Bellei y Muñoz analizan los desafíos para la política educativa. El primero es "sacar la educación (pública y privada) del mercado", tarea que, según los autores sigue siendo primordial. ¿Cómo se logra? “Sería necesario priorizar la educación pública, dotándola de recursos suficientes y entregándole la responsabilidad de planificar y racionalizar la oferta educativa financiada por el Estado a nivel local, incluyendo los colegios privados subvencionados”, escriben los autores, para quienes también es necesario sustituir el sistema de vouchers por uno que garantice una base de recursos para todas las escuelas.
Pero no es todo. El artículo apunta a un cambio de rol que ha tenido el Estado, de uno eminentemente evaluador y sancionador a uno “cuya prioridad sea la acumulación de capacidades tanto a nivel local como escolar”.
Esto implica, señalan, por un lado, fortalecer la pedagogía a través de políticas de profesionalización docente que mejoren las condiciones de trabajo, fortalezcan la preparación y ofrezcan una trayectoria permanente de desarrollo a los profesores, camino que acaba de abrir la nueva carrera profesional docente. Por otro lado, agregan, habrá que implementar políticas de apoyo a las escuelas que apunten directamente a la transformación de sus procesos institucionales y pedagógicos, como la creación de redes horizontales de cooperación y expansión de buenas prácticas.
Fuente: Comunicaciones CIAE
